Rosario: el jefe de la policía estuvo procesado por proteger prostíbulos
Por Fuente: Tiempo Argentino - Thursday, Jun. 14, 2012 at 9:22 PM
Por Fuente: Tiempo Argentino - Thursday, Jun. 14, 2012 at 9:22 PM
11.06.2012 | Walter Miranda era el titular de Moralidad Pública cuando fue asesinada la líder de AMMAR, Sandra Cabrera. La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina repudió la designación del comisario mayor por parte del gobierno socialista. A Cabrera la mataron de un tiro en 2004 luego de que denunciara manejos turbios de la policía.
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Por: Clarisa Ercolano
El comisario mayor Walter Miranda, flamante jefe de la policía de la ciudad de Rosario, fue subjefe de Moralidad Pública cuando asesinaron a Sandra Cabrera, la titular de AMMAR Rosario (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina). Miranda era el encargado de coordinar los operativos que se dedicaban a perseguir a las trabajadoras sexuales, operativos que Cabrera denunciaba públicamente y con gran repercusión en los medios.
Además, Miranda aporta a su curriculum un procesamiento judicial por brindarle protección a boliches dedicados a la prostitución, al tráfico y a la reducción a la servidumbre de mujeres dominicanas.
Sandra fue asesinada el 27 de enero de 2004 de un tiro calibre 9 milímetros en la cabeza, cerca de la terminal de ómnibus rosarina. El único imputado y demorado fue un oficial inspector de la Policía Federal, Diego Parvlusik, que posteriormente fue liberado. Hoy no hay detenidos y su crimen continúa impune.
Antes de la muerte de Sandra, dos prostitutas acusaron a Moralidad de proteger a la whiskería Punta Cana, en el barrio de Echesortu, de la competencia de las mujeres que ofrecían sexo en la calle. Ammar se hizo eco y denunció en los tribunales provinciales a los jefes de la División Moralidad Pública de la Policía por recibir dinero de boliches para tratar de sacar del mercado a las competidoras, además de liberar los lugares de explotación sexual infantil y cobrar coimas a las trabajadoras sexuales para no llevarlas presas.
A raíz de estas denuncias –firmadas por tres integrantes de Ammar; entre ellas, Sandra Cabrera– fueron desplazados finalmente el jefe Javier Pinati y el subjefe Miranda. Al poco tiempo Ammar recibió una amenaza telefónica: “Decile a Sandra que a la piba la va a encontrar muerta antes de mañana”, le dijeron a quien atendió el teléfono. La piba era la hija de Cabrera, que por entonces tenía ocho años. El resto, es historia conocida.
El nombramiento de Miranda fue realizado por el ministro de Seguridad socialista Leandro Corti, quien renunció luego a su cargo tras la autorización de la realización en Santa Fe del partido entre Rosario Central y Patronato. En ese contexto, Claudia Carranza, directora de la sede de AMMAR rosarina admitió ante Tiempo Argentino que “si peleamos mucho con la policía perjudicamos a las compañeras que están trabajando, aunque nos duele ver que sigue la impunidad y la ocupación de cargos por personas como Miranda”.
Hecha la ley, hecha la trampa: luego de que se derogara el código de contravenciones en Santa Fe, esa pelea que le costó la vida a Sandra por apuntar directamente a una de las cajas negras mas prolíficas de la policía, los agentes comenzaron a buscarlas puertas adentro y pese a tratarse de mujeres mayores que ejercen la prostitución por propia voluntad, la danza de las coimas sigue su curso. “En toda la provincia la policía no debe intervenir con las compañeras que trabajan en la vía pública, pero siempre se las ingenian”, admite Carranza.
“Santa Fe es una de las provincias con mayor índice de trata de mujeres pero hay que hacer una diferencia entre trabajo sexual y trata de personas, porque se allanan todos los lugares de puertas adentro, se cierran locales y se pone a las compañeras en un lugar de persecución dentro de su trabajo. Necesitamos una ley que regule esto para que no haya explotación”, denuncia Carranza. “Las coimas y atropellos en los allanamientos, son moneda corriente”, agregó.
“Es muy difícil que la policía quiera dejar de tener coimas, siguen mordiendo del trabajo sexual de las compañeras. Allanan en las casas y desde ahí lo manejan todo”, aclaró la dirigente. Según ella, la única salida para terminar con los abusos y la trata al mismo tiempo es una ley que regule el trabajo de las meretrices como cualquier otro oficio.
“Queremos también derechos para las trabajadoras sexuales”, remarcó Carranza y recordó que junto al juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, trabajan en el borrador de una futura ley. “Existimos por más que nos quieran meter debajo de la alfombra, aunque para mucha gente y para la policía no seamos personas.” <
“Un proceso natural”
Al asumir, el comisario mayor Walter Miranda ponderó la orden del gobierno santafesino de “aunar esfuerzos para aplicar el rigor necesario sobre aquellos efectivos que estén ligados a ciertos errores o situaciones pocos claras”.
Miranda había sido desplazado de su cargo anterior en Moralidad durante el gobierno justicialista de Jorge Obeid luego de las denuncias de Sandra Cabrera.
Él y el subjefe Hernán Brest ahora remplazaron a Néstor Arismendi y Daniel Cabrera, en lo que el gobierno socialista consideró “un proceso natural” de recambio.
El comisario mayor Walter Miranda, flamante jefe de la policía de la ciudad de Rosario, fue subjefe de Moralidad Pública cuando asesinaron a Sandra Cabrera, la titular de AMMAR Rosario (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina). Miranda era el encargado de coordinar los operativos que se dedicaban a perseguir a las trabajadoras sexuales, operativos que Cabrera denunciaba públicamente y con gran repercusión en los medios.
Además, Miranda aporta a su curriculum un procesamiento judicial por brindarle protección a boliches dedicados a la prostitución, al tráfico y a la reducción a la servidumbre de mujeres dominicanas.
Sandra fue asesinada el 27 de enero de 2004 de un tiro calibre 9 milímetros en la cabeza, cerca de la terminal de ómnibus rosarina. El único imputado y demorado fue un oficial inspector de la Policía Federal, Diego Parvlusik, que posteriormente fue liberado. Hoy no hay detenidos y su crimen continúa impune.
Antes de la muerte de Sandra, dos prostitutas acusaron a Moralidad de proteger a la whiskería Punta Cana, en el barrio de Echesortu, de la competencia de las mujeres que ofrecían sexo en la calle. Ammar se hizo eco y denunció en los tribunales provinciales a los jefes de la División Moralidad Pública de la Policía por recibir dinero de boliches para tratar de sacar del mercado a las competidoras, además de liberar los lugares de explotación sexual infantil y cobrar coimas a las trabajadoras sexuales para no llevarlas presas.
A raíz de estas denuncias –firmadas por tres integrantes de Ammar; entre ellas, Sandra Cabrera– fueron desplazados finalmente el jefe Javier Pinati y el subjefe Miranda. Al poco tiempo Ammar recibió una amenaza telefónica: “Decile a Sandra que a la piba la va a encontrar muerta antes de mañana”, le dijeron a quien atendió el teléfono. La piba era la hija de Cabrera, que por entonces tenía ocho años. El resto, es historia conocida.
El nombramiento de Miranda fue realizado por el ministro de Seguridad socialista Leandro Corti, quien renunció luego a su cargo tras la autorización de la realización en Santa Fe del partido entre Rosario Central y Patronato. En ese contexto, Claudia Carranza, directora de la sede de AMMAR rosarina admitió ante Tiempo Argentino que “si peleamos mucho con la policía perjudicamos a las compañeras que están trabajando, aunque nos duele ver que sigue la impunidad y la ocupación de cargos por personas como Miranda”.
Hecha la ley, hecha la trampa: luego de que se derogara el código de contravenciones en Santa Fe, esa pelea que le costó la vida a Sandra por apuntar directamente a una de las cajas negras mas prolíficas de la policía, los agentes comenzaron a buscarlas puertas adentro y pese a tratarse de mujeres mayores que ejercen la prostitución por propia voluntad, la danza de las coimas sigue su curso. “En toda la provincia la policía no debe intervenir con las compañeras que trabajan en la vía pública, pero siempre se las ingenian”, admite Carranza.
“Santa Fe es una de las provincias con mayor índice de trata de mujeres pero hay que hacer una diferencia entre trabajo sexual y trata de personas, porque se allanan todos los lugares de puertas adentro, se cierran locales y se pone a las compañeras en un lugar de persecución dentro de su trabajo. Necesitamos una ley que regule esto para que no haya explotación”, denuncia Carranza. “Las coimas y atropellos en los allanamientos, son moneda corriente”, agregó.
“Es muy difícil que la policía quiera dejar de tener coimas, siguen mordiendo del trabajo sexual de las compañeras. Allanan en las casas y desde ahí lo manejan todo”, aclaró la dirigente. Según ella, la única salida para terminar con los abusos y la trata al mismo tiempo es una ley que regule el trabajo de las meretrices como cualquier otro oficio.
“Queremos también derechos para las trabajadoras sexuales”, remarcó Carranza y recordó que junto al juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, trabajan en el borrador de una futura ley. “Existimos por más que nos quieran meter debajo de la alfombra, aunque para mucha gente y para la policía no seamos personas.” <
“Un proceso natural”
Al asumir, el comisario mayor Walter Miranda ponderó la orden del gobierno santafesino de “aunar esfuerzos para aplicar el rigor necesario sobre aquellos efectivos que estén ligados a ciertos errores o situaciones pocos claras”.
Miranda había sido desplazado de su cargo anterior en Moralidad durante el gobierno justicialista de Jorge Obeid luego de las denuncias de Sandra Cabrera.
Él y el subjefe Hernán Brest ahora remplazaron a Néstor Arismendi y Daniel Cabrera, en lo que el gobierno socialista consideró “un proceso natural” de recambio.
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